Arranca el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
España ha adoptado, por primera vez, un marco legal destinado a prevenir el desperdicio alimentario, centrándose en la prevención y concienciación.
En virtud de esta nueva ley, las empresas en la cadena alimentaria deben tener un plan de prevención para identificar y reducir las pérdidas. La normativa establece una jerarquía de prioridades para el desperdicio alimentario, donde el consumo humano, a través de donaciones o redistribución, es la máxima prioridad. En casos donde esto no sea posible, se explorarán otras opciones como la creación de mermeladas, piensos o compost.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. La iniciativa, que decayó en la pasada legislatura, se considera de alta relevancia para la sociedad española en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico.
El ministro Luis Planas resalta que el desperdicio afecta a los más necesitados, incrementa la presión sobre recursos naturales y genera impactos ambientales. La nueva ley busca fomentar la eficiencia en el uso de alimentos, la recuperación y reutilización de subproductos, así como la donación para satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerable.
La legislación establece medidas de buenas prácticas, incluyendo el estímulo al consumo de productos estéticamente menos atractivos, alimentos de temporada y opciones ecológicas. Además, las empresas de hostelería deberán facilitar a los consumidores llevarse los alimentos no consumidos en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso, como establece la Ley de residuos 7/2022.
La ley, que iniciará su tramitación parlamentaria, se basa en valores ampliamente respaldados por la sociedad y se enfoca en la concienciación más que en la coerción. Se apoya en un régimen sancionador, pero su objetivo principal es sensibilizar.
Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de España con la prevención y reducción de pérdidas, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La normativa obliga a los agentes de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención, realizando un autodiagnóstico de sus procesos y aplicando medidas para minimizar pérdidas.
En resumen, la ley se presenta como un paso crucial para abordar el problema del desperdicio alimentario en España, promoviendo la concienciación y la adopción de prácticas más sostenibles en toda la cadena alimentaria.
Aún no tenemos confirmación, pero podemos adelantar que las micropymes no tendrán la obligación de contar con un Plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
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